EL ARCHIVO DE SALAMANCA
Las primeras reclamaciones de la Generalidad de Cataluña y de otras instituciones catalanas sobre los fondos documentales depositados en el Archivo General de la Guerra Civil española con sede en Salamanca comenzaron en los años ochenta. Sin embargo, no es hasta el 17 de marzo de 1995 cuando el Gobierno del PSOE presidido por Felipe González acuerda restituir a la Generalidad de Cataluña los documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, de Salamanca. Esta decisión originó la oposición frontal de las instituciones salmantinas, con el entonces alcalde, Jesús Málaga, hoy subdelegado de Gobierno, a la cabeza, y de la ciudadanía salmantina, que manifestó su defensa de la unidad del Archivo mediante la recogida de firmas y una multitudinaria manifestación que reunió a 55.000 personas por las calles de Salamanca, a la que también se sumaron representantes de todas las fuerzas políticas, entre ellos el actual alcalde, Julián Lanzarote, y el hoy ministro socialista Jesús Caldera junto al secretario provincial de su partido, Emilio Melero, ahora también procurador regional.
El 28 de mayo de 1996 el Congreso de los Diputados adopta un acuerdo por el que una Comisión de Expertos le elevaría en el plazo de seis meses un informe sobre cuál debía ser el destino de la documentación reclamada por Cataluña. En virtud de dicho acuerdo, la Junta Superior de Archivos emitió un informe que contenía las siguientes recomendaciones: creación en Salamanca de un gran Archivo de la Guerra Civil , constitución de su patronato, dotar al nuevo Archivo de espacio, medios, nuevos fondos y política de microfilmación, creación de un Centro de Estudios sobre la Guerra Civil , posibilidad de efectuar un depósito de documentación en la institución archivística que se elija de acuerdo con la Generalidad y que el contenido de este depósito sea decidido por el Patronato, una vez oída la Comisión técnica compuesta por expertos designados por la Generalitat y el Patronato.
El 12 de marzo de 1999 se crea por Real Decreto el Archivo General de la Guerra Civil , en el que se integrará un Centro de Estudios y Documentación y el 17 de junio de ese mismo año se constituye el Patronato del Archivo.
En junio de 2002 la comisión técnica creada por los gobiernos central y catalán finaliza sus trabajos sin acuerdo y su resultado son dos dictámenes separados. Así, el emitido por los dos historiadores nombrados por el Patronato del Archivo, Carlos Dardé y Antonio Morales, aboga por mantener los documentos en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, y el de los historiadores nombrados por la Generalidad, Borja de Riquer y Joan B. Culla, propone depositar en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña todos los documentos anteriores a 1936 relacionados con esta comunidad. Finalmente el 22 de julio de 2002 la polémica se cierra con el acuerdo unánime del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil , presidido por la entonces ministra del Partido Popular Pilar del Castillo, que zanja la cuestión estimando no procedente la salida de los documentos y abogando por la necesidad de preservar la unidad del Archivo.
Sin embargo, el 18 de mayo de 2004, el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de CIU, acuerda reabrir un proceso negociador con el Gobierno de Cataluña con el fin de alcanzar un acuerdo que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se haya recogida en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. Dicho acuerdo del Congreso de los Diputados chocaba frontalmente con el del Patronato del Archivo del 22 de julio de 2002, al admitir la posibilidad de desmembración del Archivo y rompía, además, el consenso alcanzado en el propio Congreso de los Diputados en mayo de 1996.
Como consecuencia de este acuerdo del Congreso, y a propuesta del Ministerio de Cultura, el Patronato del Archivo decidió crear una comisión de expertos que elaborara un informe sobre la procedencia de devolver al Gobierno de Cataluña los documentos que solicitan desde hace dos décadas.
La citada comisión de expertos nació viciada de origen pues, como reconoció el Ministerio de Cultura, su composición se pactó entre dicho Ministerio y el Gobierno autónomo catalán. Entre sus diecisiete miembros sólo se permitió incorporar a uno propuesto por la Junta de Castilla y León, otro por el Ayuntamiento de Salamanca y un tercero por la Universidad de Salamanca.
Viciado el origen de la Comisión y viciado en consecuencia su resultado. El 23 de diciembre de 2004 la comisión emitió sus conclusiones, considerando justas y legítimas las razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalitat de Cataluña actualmente identificados como tales en el Archivo General de la Guerra Civil . La forma en que la Comisión desarrolló sus trabajos y, en especial, como emitió sus conclusiones (denunciada públicamente por los tres expertos nombrados por instituciones castellanoleonesas), ratificando que se ha querido revestir de carácter técnico una decisión netamente política.
En este sentido, el propio líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, confesó sin complejos el 23 de diciembre tras conocer la decisión de los expertos que esto es una gran noticia porque demuestra que Esquerra, cuando ha apoyado en primer lugar la investidura de Rodríguez Zapatero y después los Presupuestos del Estado no lo ha hecho a cambio de nada. Carod-Rovira anunció incluso que aún queda una segunda etapa de recuperación de documentos correspondientes a partidos, sindicatos, ayuntamientos y particulares.
Ese mismo día el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, subrayó que no va a salir ningún papel del Archivo con sede en Salamanca y criticó que se había vivido un paso más en un guión anunciado y previsto desde que el Gobierno central tiene la hipoteca del tripartito catalán. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, también denunció que esta comunidad no tolerará su utilización como moneda de cambio para pagar los intereses de Cataluña y adelantó que recurrirá la salida de documentos.
El 28 de diciembre de 2004, la Ministra de Cultura, Carmen Calvo, sin esperar siquiera a reunir el Patronato del Archivo, anunció que el Gobierno devolvería a Cataluña los documentos reclamados.
El fondo documental que alberga el Archivo General de la Guerra Civil Española , sito en Salamanca, forma parte del Patrimonio Histórico Español y, actualmente, del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Es más, según las palabras del informe del Grupo de Expertos constituido por el Consejero Internacional de Archivos y la UNESCO para el estudio de los Archivos de la Seguridad del Estado de los desaparecidos Regímenes Represivos: los fondos represivos son patrimonio de todo un pueblo. Se deben preservar de la forma más íntegra posible. En su conjunto, y por extensión, son patrimonio de toda la Humanidad en cuanto que deben fortalecer su memoria sobre los reflejos de la intolerancia, el racismo y los totalitarismos políticos.
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