DISCURSO DE ALEJO VIDAL-CUADRAS
El pasado dia 8 de Agosto, Vidal-Cuadras pronuncio un discurso en el Hotel Ritz. Os invitamos a leerlo.
Muy buenas noches a todos.
Gracias, querido Jorge, por tu amable presentación.
La última vez que tomé la palabra en este salón fue hace siete meses, con motivo de la campaña a favor del sí a la Constitución Europea que llevaron a cabo los dos grandes partidos nacionales. En aquella ocasión, el esfuerzo realizado junto con Arcadi Espada, Mikel Buesa, Paco Caja, Carlos Martínez Gorriarán y Marita Rodríguez se vio coronado por el éxito porque el resultado de la consulta fue favorable a nuestras tesis. Lamentablemente, los partidarios del nuevo Tratado Constitucional no tuvieron la misma suerte en Francia y en Holanda y hoy el proceso de ratificación se encuentra paralizado y su destino es incierto. Sin embargo, nos cabe la satisfacción de que nosotros, como españoles, cumplimos nuestra parte y alcanzamos el objetivo previsto.
Esta noche comparezco en el mismo lugar que el pasado 18 de febrero y lo hago en defensa de la misma causa. Entonces afirmamos que los principios y valores que inspiran la Constitución europea son los mismos que animan nuestra Constitución española de 1978 y por eso al pedir el voto para aquélla renovábamos nuestro compromiso con ésta. En el momento presente, una nueva amenaza de enorme gravedad se cierne sobre nuestro gran pacto civil, sobre la base ética y política de nuestra convivencia en paz y libertad, una amenaza formidable e inminente en la que, por desgracia, a diferencia de lo que sucedió con motivo del referendo europeo, las dos principales fuerzas, la que actualmente gobierna España y la alternativa que aspira a volver a gobernar, no comparten la misma posición, sino que, por el contrario, mientras una apadrina e impulsa esta iniciativa nefasta, la otra se opone a ella de la manera más enérgica. A la hora de configurar el futuro de la Unión Europea, los dos grandes partidos actuaron al unísono al servicio de los intereses superiores del Estado, en el trance decisivo de articular el futuro de España, se enfrentan de forma irreconciliable desgarrando con sus discrepancias el cuerpo, a estas alturas ya muy castigado, de la Nación. Estoy convencido de que en esta lucha la razón no está repartida entre los dos bandos que se contraponen. Ni siquiera de que una porción de la verdad, por mínima que sea, se encuentra del lado del Gobierno y sus aliados. Creo, y lo creo sinceramente, que en el choque de trenes que se avecina una parte acierta completamente y la otra se equivoca sin remisión, que el lado de los que quieren preservar la Constitución de 1978 es el bueno y el de los que quieren dinamitarla es el malo. Sin matices ni componendas, sin miedo a enunciar las cosas con crudeza, sin tentaciones de ceder a la corrección política, he venido a Barcelona a hablaros bajo mi exclusiva responsabilidad personal, como catalán y como español. Hay quién milita en un partido porque en sus filas puede defender mejor los principios y valores que considera correctos sin oscilar con las circunstancias cambiantes, hay quién fluctúa con las coyunturas sea cual sea el partido al que pertenece para mejor medrar en política. Os aseguro que siempre he procurado no pertenecer a esta segunda categoría de responsables públicos. Por eso os he convocado esta noche, porque percibo un peligro muy serio e inmediato y considero mi deber advertirlo.
No hay nadie en este recinto que no sepa a qué amenaza me estoy refiriendo. El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña no es una reforma ni estructura una Autonomía. Se trata de liquidar el Estatuto vigente para alumbrar un texto aberrante que hace desaparecer el Estado español de esta Comunidad, abre el camino a la secesión, rompe con el espíritu de la transición, destruye la cohesión nacional, vulnera el acuerdo que hace un cuarto de siglo permitió la recuperación de la democracia e invocando una concepción federal transforma España en una Confederación de supuestas naciones inconexas entre sí. Y para mayor escarnio, los autores de semejante disparate, pretenden que se ajusta a la Constitución. Con este planteamiento, o nos encontramos ante unos ignorantes supinos que desconocen nuestro ordenamiento o nos quieren tomar a los demás por imbéciles. Sin descartar la primera opción, sobre todo en algunos casos particulares bastante obvios, la segunda me parece intolerable y yo, desde luego, no estoy dispuesto a seguirles el juego. Espero que mi intervención lo deje suficientemente claro.
Veamos. Aquí, en este pequeño volumen caben la Constitución española, el Estatuto de Cataluña en vigor y el Reglamento del Parlamento de Cataluña, más los correspondientes índices temáticos. El Estatuto cubre exactamente cuarenta y cuatro páginas en este formato reducido y consta de cincuenta y siete artículos, siete disposiciones adicionales y siete disposiciones transitorias. El proyecto de reforma del tripartito contiene doscientos dieciocho artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales. En gran formato ocupa cuarenta y seis páginas, es decir, abarca una extensión casi cuatro veces la del Estatuto actual. Pero no sólo son las cifras globales las que resultan llamativas. Consideremos un asunto concreto, uno que los catalanes consideramos, incluso sobresaltados por OPAS hostiles, estrictamente sentimental: las cajas de ahorro. En nuestra norma autonómica fundamental estas entidades de crédito aparecen mencionadas en el artículo 12, apartado 1, punto 6. Y digo mencionadas con toda propiedad porque lo único que hace el Estatuto vigente es enumerar en el punto 6 del apartado 1 del artículo 12 las instituciones de crédito corporativo, público y territorial y las cajas, sin otra precisión o desarrollo ulteriores. El Estatuto establece que de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Generalitat, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, la competencia exclusiva sobre cajas de ahorro. Así de conciso, claro y escueto. Vamos a continuación al proyecto de reforma maragalliano. Las cajas de ahorro merecen un artículo entero, el 117, con una extensión igual o superior a la de muchos artículos del Estatuto del 79. Es decir, que dos palabras, _caixes d´estalvis", ahora han sido sustituidas por más de doscientas en un precepto que detalla hasta la extenuación todo aquello que corresponde a la Generalitat en este ámbito, órganos rectores, representación de intereses sociales, régimen jurídico de creación, fusión, liquidación y registro, fundaciones, agrupaciones de cajas, cuotas participativas, distribución de los excedentes de la obra social, disciplina, inspección y sanción. Cuando pienso que uno de los directores generales de la primera caja de Cataluña ha firmado una carta en la que él y otros eximios representantes del mundo económico solicitan a Maragall que llegue a un acuerdo con Mas para que la reforma del Estatuto vea por fin la luz, para que esta reforma del Estatuto se haga realidad, me confirmo en mi apreciación de que el nacionalismo no es un problema únicamente político sino psiquiátrico, en el que el sadomasoquismo juega un papel relevante. De hecho, a los nacionalistas no hay que integrarlos, hay que curarlos, y la mejor terapia que yo conozco para la alteración que padecen es la de choque, o sea, derrotarles en las urnas. Pero volvamos a las cajas y a su tratamiento en el proyecto de nuevo Estatuto. No falta al respecto un toque surrealista, no en vano Salvador Dalí nació en el Ampurdán y Marcel Duchamp jugaba al ajedrez en las mesas de los bares de Cadaqués. Si una caja con sede en Cataluña, atención, opera en otras partes de España, la Generalitat tendrá competencia compartida en materia de disciplina, inspección y sanción, con lo que si se produce alguna presunta irregularidad en la gestión de una sucursal de una caja catalana en Madrid, Mérida o Málaga, allá van los inspectores del Conseller Castells junto con los del Banco de España y del Ministerio de Hacienda para poner una nota de eficiencia y seny catalán más allá de nuestras fronteras. La imaginación al poder y embolica que fa fort.
El proyecto llamado impropiamente de reforma está plagado de fantasías oníricas de este tipo y me llevaría varias horas relatarlas aquí. Sin embargo, no me resisto a citar otra, notable por su impulso al autogobierno. En el Estatuto del 79 el artículo 9 apartado 17 incluye entre las competencias exclusivas de la Generalitat con encomiable y lacónica precisión _pesca en aguas interiores, cría y recogida de mariscos, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre". No hay más. En el mamotreto nacionalista que nos quieren endilgar, un apartado de dos líneas en un largo artículo se transforma en un artículo entero, el 142, que entra en una lista exhaustiva de pormenores que alcanza hasta el buceo profesional, materia muy adecuada para otorgarle una mención explícita en una norma del bloque constitucional, pero lo realmente novedoso es que la gloriosa ponencia estatutaria atribuye a la Generalitat _la competencia exclusiva en materia de actividades marítimas en aguas interiores y ¡exteriores!", sí, habéis oído bien, no ha sido una alucinación, competencia exclusiva en aguas exteriores. Pronto tendremos un Conseller de Marina, una escuadra cuatribarrada que surcará las aguas territoriales catalanas a la busca y captura de buzos ilegales, de barcos de pesca que utilicen artes no permitidas y de yates cuyo patrón no tenga la titulación exigida, y una Escola Naútica de la Generalitat de la que saldrán promociones de oficiales de nuestras patrulleras, destructores y submarinos. Ya veo deslumbrante en su uniforme azul cuajado de entorchados a Miquel Iceta, erguido y marcial, muy puesto en su responsabilidad de Gran Almirantet de la Floteta Catalana de Llevant.
Bien, ahora que ya nos hemos reído un poco, dispongámonos a temblar. Ya he dicho que no estamos ante una reforma estatutaria; el tripartito nos invita al entierro del Estatuto de Sau y a la apertura de un proceso constituyente encubierto con un Estatuto de nuevo cuño que no modifica y perfecciona el del 79, simplemente lo tira a la papelera por inservible y arranca de cero, como si un cuarto de siglo de avance del autogobierno no hubiese servido para nada. Este adanismo desestabilizador y agresivo ha sido calificado, con el cauto lenguaje de los juristas, como _una de esas oscilaciones tan peligrosas para el sistema" por un constitucionalista prestigioso al que el Ministerio de Administraciones Públicas ha solicitado un dictamen sobre la reforma. En efecto, nuestra arquitectura institucional y las equilibradas reglas de juego que nos dimos a nosotros mismos libremente los españoles en 1978 saltarán por los aires si la reforma nacionalista acaba triunfando. Que el proyecto del tripartito aprobado por la ponencia estatutaria en el Parlamento de Cataluña es inconstitucional no es un objeto de polémica, es un dato objetivo, según han probado con todo rigor tanto el equipo de constitucionalistas y administrativistas contratado por Jordi Sevilla para pronunciarse al respecto como el propio Consejo Consultivo de la Generalitat. Para que nos percatemos del nivel de irresponsabilidad en el que se mueven los máximos capitostes nacionalistas en estos días, basta recordar que una figura pública tenida normalmente por sensata, como Josep Antón Durán i Lleida, ha declarado con motivo del pronunciamiento negativo del Consejo Consultivo que este órgano _no es más que un instrumento político del PSC" y otra resplandeciente luminaria de la democracia occidental, Francesc Homs, ha remachado el clavo diciendo que las resoluciones del Consejo Consultivo tomadas por mayoría son una expresión _partidista" y que si en el Parlamento catalán hubiera una mayoría nacionalista _el dictamen estaría de acuerdo con las posiciones nacionalistas". Dejando aparte que si la actual composición del Parlamento catalán no le parece a Homs de mayoría nacionalista, produce escalofríos pensar lo que este energúmeno consideraría una Cámara auténticamente dominada por este color ideológico, suenan todas las alarmas al comprobar que estos pronunciamientos de representantes elegidos de descalificación beligerante de órganos estatutarios clasifican a Cataluña como una república bananera y nos devuelven al ambiente de caos y de desprecio a la legalidad que precedió a la Guerra Civil. Además, si en Convergencia i Unió impera un clima de este calibre de subversión contra el orden establecido, más vale no imaginar el estado de ebullición revolucionaria que debe reinar en el partido de los independentistas contertulios de asesinos y asaltantes de piscinas privadas.
Pero el Estatuto nacionalista no se limita a ser inconstitucional, que lo es por los cuatro costados. El Consultivo ha apreciado inconstitucionalidad en el sistema de financiación y en la invocación de los derechos históricos para fundamentar determinadas competencias. El equipo que ha ilustrado al Ministerio de Administraciones Públicas ha apuntado que Maragall nos quiere colar _un sucedáneo de reforma constitucional", un cambio constitucional vía reforma estatutaria sin acudir al proceso que la propia Ley de leyes establece. En otras palabras, el tripartito se propone estafar a todos los españoles y traicionar el espíritu de la transición. Su proyecto de nuevo Estatuto es más que inconstitucional, es venenosa y arteramente anticonstitucional. La inconstitucionalidad puede derivar de una interpretación errónea de la Constitución que, sin mala intención, conduzca a desbordarla en un precepto específico. La anticonstitucionalidad, que es lo que practica el tripartito, es algo diferente, es la voluntad maligna y corrosiva de destruir nuestra Ley Fundamental, de demoler el pilar de nuestra paz civil, de nuestro progreso y de nuestra supervivencia como sociedad integrada y solidaria. No es lo mismo derrapar de buena fe en una curva de la Constitución que colocarse a sabiendas contra ella, como hacen Maragall y sus socios secesionistas.
La manera idónea de comprobarlo es leyendo el texto aprobado por la ponencia, de la primera línea a la última, además de las enmiendas presentadas por los distintos Grupos. Yo he coronado este fatigoso ejercicio, que me ha llevado unas cuantas horas, y por eso ahora puedo expresar mi opinión con conocimiento de causa. Os aseguro que nada de lo que han publicado los medios ni de lo que han declarado los distintos responsables políticos sobre el tema da una idea ni siquiera aproximada de la magnitud del trauma que la aprobación de este Estatuto delirante acarrearía a Cataluña y al conjunto de España. Hay que tenerlo bajo los ojos para creerlo y durante su lectura ha habido momentos en que no sabía si mi incredulidad era superior a mi indignación.
Permitídme que os exponga algunas perlas particularmente voluminosas del producto de las deliberaciones de la ponencia que ha contado, para mayor INRI, con el asesoramiento permanente del Instituto de Estudios Autonómicos cuyo director, puestos a apurar la copa del absurdo, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Visca Catalunya i Visca el Barça.
Artículo 191. Tratados y Convenios internacionales. ¿Estáis bien sentados? Pues bien, vamos allá. El Gobierno de España ha de informar a la Generalitat con carácter previo, nada de a toro pasado, con carácter previo, sobre los procesos de negociación de Tratados y Convenios internacionales si afectan a las competencias e intereses de Cataluña. O sea, siempre, porque los intereses de Cataluña como es bien sabido, son universales e infinitos. Obviamente, el Gobierno de la Generalitat y el Parlament pueden dirigir al Gobierno de la nación las observaciones que consideren pertinentes al caso. Además, la Generalitat ha de participar en las negociaciones de los tratados internacionales que afecten a sus competencias, es decir, en todos. Y si las competencias afectadas son exclusivas, el informe del Parlament será determinante para el Ejecutivo central. Ya estoy viendo la escena. Entrevista negociadora de Moratinos y Condy Rice. Moratinos: Ms. Rice, this is Mr Puigcercós, whose opinión on our agreement is conclusive. Y Condy Rice: Pleased to meet you Mr. Puig, Puig what? Ah, Puigcercós. Sit down, please. Y Puigcercós: Encantat de coneixer-la. Catalonia is an oppressed nation. Y Condy Rice : I beg your pardon ? En fin, para qué seguir. Y si, como es lógico, esta prerrogativa se ha de extender a las diecisiete Comunidades Autónomas con el fin de evitar discriminaciones, los encuentros de nuestros Ministros con sus homólogos de otros países para preparar y cerrar acuerdos internacionales se parecerán bastante al camarote de los hermanos Marx. Dato interesante: a este artículo, al que el PP ha presentado, naturalmente, una enmienda de supresión, el PSC no ha presentado ninguna. ¿A qué el tema está peor de lo que lo que nos cuentan?
Artículos 178 hasta el 181. Relaciones de la Generalitat con la UE. Exactamente lo mismo, calcado del 191 con algunos suculentos añadidos. Cuando se convoca una Conferencia Intergubernamental para reformar los Tratados, el Gobierno de la Nación ha de informar y escuchar la opinión de la Generalitat, incorporar a representantes de la misma en la delegación española que negocie con los demás Estados Miembros y en aquellos elementos que afecten a competencias exclusivas de la Autonomía catalana, la posición de la Generalitat ha de ser seguida obligatoriamente por el Gobierno central. En lo de escuchar a la Generalitat no especifica si el Presidente del Gobierno central ha de hacerlo genuflexo o vale que permanezca de pie respetuosamente inclinado. Además de menoscabar la soberanía nacional hasta extremos inaceptables, la extensión a las diecisiete comunidades autónomas de este procedimiento haría inviable la negociación convirtiendo además al Reino de España en objeto de irrisión ante sus socios comunitarios. Tampoco hay ninguna enmienda sustantiva del PSC a un esquema tan contrario a la racionalidad jurídica y al funcionamiento eficaz de las CIG europeas.
Supongo que todos estamos de acuerdo, empezando por las organizaciones empresariales catalanas, que en España es conveniente que exista unidad de mercado. Pues bien, en el artículo 144 del proyecto de reforma, Corporaciones de Derecho Público y profesiones tituladas, se asigna a la Generalitat la competencia exclusiva en la determinación de requisitos y condiciones del ejercicio de profesiones tituladas y de acceso al ejercicio profesional, el establecimiento de los derechos y obligaciones de los profesionales titulados y su régimen de incompatibilidades. Si se contrastan estas disposiciones con el artículo 9.23 del Estatuto actual, plenamente respetuoso con la Constitución, y con los artículos 36, 149.1.30 y 139 de nuestra Ley Fundamental de 1978, se advierte hasta dónde llega la insania intervencionista e inconstitucional del tripartito. ¿Es que un profesional titulado español ha de encontrar obstáculos a su movilidad laboral en el interior de las fronteras de su país? Mientras a nivel europeo se toman medidas para que desaparezca cualquier barrera académica o administrativa para la libre circulación de profesionales, Maragall y Carod deshacen por abajo lo que como miembros de la Unión estamos construyendo por arriba. En el artículo 150 de la reforma, mercados de valores y centros de contratación, la Generalitat se arroga la facultad de introducir requisitos adicionales a los que imperan en el conjunto del Estado para la admisión de valores negociables, para el régimen de incompatibilidades de los administradores de las empresas de servicios de inversión que operen en Cataluña y para la publicidad en relación a emisiones, agentes y funcionamiento del mercado de valores. Es evidente que el presidente del Fomento del Trabajo, debido a sus múltiples ocupaciones, no ha llegado a leerse en su totalidad el proyecto de reforma porque si lo hubiera hecho no habría firmado la inaudita carta pidiendo que este bodrio alcance el BOE. Y análoga fragmentación del mercado español encontramos en el artículo 135, Trabajo y Relaciones Laborales, en el 148, Industria y Artesanía, y en el 152, Promoción y Defensa de la Competencia.
Pero no os pido que creáis lo que os estoy contando, os pido que lo leáis y saquéis vuestras propias conclusiones. Y una vez hayáis advertido directamente, sin intermediarios políticos o periodísticos, que el tripartito os arrastra a la ruina con este Estatuto obsesivamente intervencionista, rabiosamente anticonstitucional y enloquecidamente subversivo, movilizaos contra él, defendeos de Maragall y de Carod, contraatacad, explicad a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros vecinos y a vuestros amigos de tertulia lo que a Cataluña se le viene encima. Es así de sencillo: o acabamos con el Estatuto nacionalista o el Estatuto nacionalista acaba con todos nosotros.
Hay un Título concreto del proyecto que merece un recorrido monográfico porque nos proporciona con nítida e indisimulable brutalidad el significado y el alcance de esta operación de eliminación del Estado español en Cataluña y de separación efectiva de Cataluña del resto de la Nación. Me refiero al Título tercero, sobre el Poder Judicial en Cataluña, que tritura la unidad de la Administración de Justicia en España. Según se prescribe en sus tres capítulos y quince artículos, la Generalitat asume todas las competencias y atribuciones que actualmente residen en el Consejo General del Poder Judicial mediante un órgano de nueva creación, El Consejo de Justicia de Cataluña. Así, la capacidad de convocar oposiciones, nombrar a jueces y magistrados, fijar las demarcaciones judiciales, abrir y cerrar juzgados, inspeccionar juzgados y tribunales e imponer medidas disciplinarias, corresponde a este organismo cuyos miembros son designados por el Parlamento de Cataluña por mayoría cualificada. En cuanto al Presidente del Tribunal Superior, a los Presidentes de Sala del mismo y al Fiscal Superior, el Consejo General del Poder Judicial viene obligado a nombrarlos entre los integrantes de una terna que le presenta el Consejo de Justicia de Cataluña o el Gobierno de la Generalitat, respectivamente. Cualquier aspirante a una vacante de juez o magistrado en Cataluña ha de acreditar un conocimiento suficiente de la lengua catalana, requisito que resulta indispensable para ocupar la plaza.
Es obvio que estas disposiciones impiden en la práctica que ningún juez o magistrado oriundo de las Comunidades monolingües en castellano, que son doce, desempeñe su labor en Cataluña, con la consiguiente discriminación intolerable y el inevitable empobrecimiento de la calidad y de la independencia de la justicia en el territorio del Principado.
Disposiciones idénticas se aplican en el artículo 130 a los notarios y a los registros civil, mercantil y de la propiedad. Mismas competencias de la Generalitat abarcando todos los aspectos del funcionamiento de dichos cuerpos, misma obligación del conocimiento de la lengua. Volem bisbes catalans, volem notaris i registradors catalans, volem jutges catalans, volem mestres catalans, la voluntad enfermiza de cerrar Cataluña a las aportaciones humanas del resto de España, la introversión neurótica y esterilizante que niega la realidad palpable de que la prosperidad material, el dinamismo cultural y hasta la propia supervivencia de la lengua catalana han sido posibles gracias a los flujos masivos de gentes procedentes ayer de todas las regiones de la península y hoy de otros continentes. Si una sociedad se enclaustra, más pronto que tarde entrará en decadencia consumida por sus carencias porque ningún colectivo humano es autosuficiente. En la era de la globalización, nuestros micronacionalistas desperdician preciosas energías en levantar murallas inútiles frente a una España a la que Cataluña pertenece por historia, por demografía, por interdependencia económica, por vínculos de afecto que son demasiado vivos, demasiado intensos, para ser borrados por operaciones mezquinas de ingeniería social a cargo de un puñado de filólogos de tres al cuarto.
Y dediquemos a continuación unos minutos al tema candente de la financiación, uno de los caballos de batalla junto a los derechos históricos y al blindaje de competencias, de esta reforma infumable. El enfoque del tripartito en este campo introduce cinco elementos que rompen con el modelo actual y que son incompatibles con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.
1) La Generalitat recauda, gestiona, inspecciona y regula todos los impuestos sin excepción, incluyendo los grandes tributos estatales, renta, IVA y sociedades. Ya no hay impuestos reservados al Estado, sino que todos pasan a ser cedidos a la Generalitat, total o parcialmente. Una medida de este tipo, aplicada con carácter general a las diecisiete Comunidades, deja al Estado inerme y sin recursos para cumplir sus fines, reservada en exclusividad a Cataluña introduce un privilegio intolerable.
2) La Administración tributaria del Estado se esfuma en Cataluña y la Agencia Tributaria catalana que la reemplaza se _coordina" con ella. Para esta propuesta descabellada valen las mismas observaciones que para la anterior.
3) La contribución a la solidaridad de la Comunidad catalana tiene un límite: no puede rebasar el 50% del volumen recaudado para cada uno de los tributos cedidos total o parcialmente. Es de cajón que la imposición de una cota máxima a la aportación al proyecto común de manera unilateral es inadmisible por parte del Estado y de las restantes Autonomías. Si las diecisiete hicieran lo mismo, el Estado colapsaría. Si sólo se le permite a Cataluña, se vulnera de manera flagrante el principio de igualdad.
4) Las Comunidades, según el tripartito, han de recibir el mismo nivel de servicios públicos únicamente si su esfuerzo fiscal es similar. Se trata de un criterio tramposo y perversamente insolidario con las Autonomías de menor renta. El esfuerzo fiscal, es decir, el porcentaje recaudado en términos de PIB, no es el mismo en un territorio menos desarrollado que en otro más rico, ya que el sistema es progresivo. En consecuencia, aunque el esfuerzo fiscal de una Comunidad modesta sea inferior al de Cataluña, negarle un nivel equiparable de sanidad, educación y bienestar social a cargo de fondos públicos es una muestra de egoísmo repulsivo y de falta absoluta de conciencia nacional. En mi opinión, éste es un rasgo del modelo diseñado por el tripartito que más claramente pone en evidencia no ya la mofa que de la Constitución hacen Maragall y sus socios separatistas, sino la radical inmoralidad de sus concepciones políticas. El mero hecho de poner negro sobre blanco semejante abuso representa una provocación peligrosamente desestabilizadora. Uno de los acuerdos tácitos de la transición fue que nadie en el futuro rompería la baraja. Salta a la vista que al tripartito le quedan ya pocos naipes que rasgar.
5) Se crea una Comisión Mixta de Relaciones Fiscales y Financieras Estado-Generalitat que con carácter bilateral resuelve todas las cuestiones relativas a la financiación autonómica de Cataluña. Estamos ante otra descarada violación de la Constitución. El marco para pactar el modelo de financiación autonómica el es Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado, donde de manera multilateral y bajo el arbitraje del Gobierno central, garante y depositario del interés general, se alcanzan fórmulas equilibradas que preserven la solidaridad y la igualdad. El tratamiento confederal de la distribución de recursos que pretende el tripartito no es de recibo y equivale a una bofetada al resto de Autonomías, a las que se trata, de facto, como inferiores.
Queridos amigos y amigas, este Estatuto nacionalista nos conduce a una conclusión tan desoladora como inocultable: en la transición se cometió un error de perspectiva, bienintencionado sin duda, pero letal, y ese error fue confiar en los nacionalistas, asimilar los nacionalismos etnicistas al resto de partidos democráticos, cuando la experiencia ha demostrado hasta la saciedad que son de una especie distinta. La Constitución de 1978 se erigió sobre una hipótesis que el tiempo ha revelado trágicamente falsa: la de que los nacionalismos identitarios eran opciones políticas como las demás, que pugnarían por el poder sin romper las reglas, trabajando dentro del sistema, sin quebrar el marco común. Las evidencias se han ido acumulando, pero tras el Plan Ibarretxe y el Estatuto de Carod, negarse a reconocer la imposibilidad de gobernar una Nación con la colaboración de aquellos cuyo objetivo es destruirla o es ceguera o es traición.
El gran pacto de la transición tuvo cinco componentes principales:
a) el social, que trajo el equilibrio de intereses entre capital y trabajo, y que empresarios y sindicatos han respetado.
b) el militar, que sometió este estamento al poder civil, y que las fuerzas armadas y las instancias democráticas han respetado.
c) el religioso, que separó la Iglesia y el Estado, y que ambos han respetado.
d) el de la forma de Estado, que superó la disyuntiva Monarquía-República, y que la Corona y la izquierda nacional han respetado.
e) el territorial, introducido para apaciguar la tensión centro-periferia, que los grandes partidos nacionales han cumplido y los nacionalistas han pisoteado.
Este es un hecho doloroso, decepcionante, desesperante, si se quiere, pero real, y vivir de espaldas a esa realidad nos aniquila como sociedad vertebrada. He aquí el gran problema nacional de España en el inicio de siglo XXI, la negativa contumaz y destructiva de los nacionalistas identitarios a incorporarse lealmente a un gran proyecto español cohesionado y plural en el que la diversidad sea respetada y la unidad conservada. De nada sirve fingir que este mal no nos aflige, actuar como si las cosas fuesen de otra manera, si son como son. Esta incapacidad para enfrentarse a una circunstancia tan incómoda como tangible nos ha deslizado lenta pero inexorablemente hacia la insostenible y delirante situación actual, a saber, el Presidente del Gobierno de la Nación nos comunica que el concepto de nación es relativo, su rama catalana se manifiesta abiertamente nacionalista, su filial vasca ha abandonado la causa constitucionalista, los terroristas se sientan en un Parlamento autonómico y el Gobierno central se mantiene gracias a los independentistas. ¿Adónde hemos llegado, cómo es posible que una grande y antigua Nación europea se vea obligada a soportar tanta vergüenza, tanta indignidad, tanta cobardía de los que, en principio, están llamados a fortalecerla, servirla y hacerla respetar? ¿Qué viscosa mezcla de ignorancia, pusilanimidad, oportunismo, deseo de conservar el poder a toda costa y animadversión sectaria al otro gran partido nacional nos está debilitando hasta dejarnos exánimes?.
Nos encontramos en un trance que sólo puede ser calificado como de emergencia nacional. El momento es de extrema gravedad porque la Nación no está amenazada únicamente en su seguridad, en su prosperidad y en su estabilidad, sino en su misma existencia. Si el Gobierno central y una mayoría en el Congreso de los Diputados avala la creación de una nación étnica en el seno de una Nación cívica, si el artículo primero del proyecto de Estatuto de Cataluña, ese que postula que Cataluña es una nación, haciendo trizas el artículo segundo de la Constitución, pasa a formar parte de nuestro ordenamiento, se iniciará indudablemente una nueva etapa en la historia de España, la de su desaparición.
Me gustaría compartir con vosotros una idea que considero clave y cuyo olvido o cuya ausencia es la causa del auge de los micronacionalismos secesionistas en nuestro país. La perversidad intrínseca de los nacionalismos de identidad no radica en sus pretensiones soberanistas y separatistas, sino en las bases éticas en las que apoyan esta pretensión. Lo rechazable no es la reclamación de soberanía, lo es principio étnico excluyente y totalitario en el que los nacionalistas apoyan esa pretensión. Si la soberanía es indispensable para ganar o recuperar la libertad, para implantar el respeto a los derechos humanos, para obtener justicia, para eliminar la discriminación, o sea, para vivir en sociedad de acuerdo con los principios y valores de nuestra Constitución de 1978, bienvenido sea el combate para alcanzarla. Si se demanda la soberanía para imponer la uniformidad allí donde hay pluralidad, para distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda en función de la lengua, la raza, la cultura o las creencias, para atropellar derechos individuales inalienables con el fin de satisfacer imaginarios derechos colectivos, entonces la autodeterminación es sinónimo de tiranía y considerarla un avance democrático una broma siniestra.
Las dificultades que nos agobian en la tarea de consolidar el edificio constitucional construido en 1978 arrancan de la incapacidad por parte de muchos de comprender la verdadera naturaleza del nacionalismo. No hay nacionalismo benigno porque en cualquier conflicto de identidad se genera irremisiblemente una dinámica del odio. El pobre Patxi López intenta curar la septicemia que corroe a la sociedad vasca con dosis moderadas de agentes patógenos activos. Otros se ufanan de pertenecer a la centralidad política para enmascarar su falta de valor o de convicciones. No se puede prestar mejor ayuda a los nacionalistas que aparentar normalidad en el presente estado de cosas, no se puede facilitar de manera más sumisa su labor disolvente que sentándose durante dieciocho meses en una ponencia parlamentaria que redacta la demolición de nuestro sistema de convivencia sin descomponer el gesto ni levantar la voz aunque las enmiendas que se presenten sean jurídicamente impecables. En política, el volumen, el tono, el timbre y la orquestación con los que se interpreta la partitura son tan importantes como la música misma. ¿O es que el centrismo consiste en tocar el último movimiento de la Novena de Beethoven con una flautita? Confundir el centrismo con el colaboracionismo me parece una equivocación imperdonable.
Los nacionalistas no interpretan las concesiones como un gesto generoso que ha de ser correspondido, sino como una debilidad del interlocutor que debe ser inmediatamente explotada. La reforma estatutaria del tripartito es una muestra palpable de esta pauta permanente. ¿Qué más hará falta para que algunos se enteren? ¿Quizá una ceremonia de flagelación de Chaves en la plaza de la Maestranza a cargo de Puigcercós?.
Los jerarcas metropayeses de Esquerra se han llenado de júbilo porque su Estatuto liberticida devolvía a Cataluña a sus tiempos dorados anteriores a 1714. Logro notable, el regreso al Antiguo Régimen ¿Contemplan también estos encendidos patriotas la recuperación alborozada de la higiene, la medicina, las comunicaciones y los medios de transporte del siglo XVII? Al fin y al cabo, Carod se vanagloria de que no tiene carné de conducir, pero, que se sepa, no ha rechazado el coche oficial ni el teléfono móvil a cargo de los impuestos cedidos ¿Sienten nostalgia por las aduanas interiores, por el absolutismo, por la proliferación de monedas, por el tribunal de la Inquisición? Quizá sí, teniendo en cuenta que ya han puesto en marcha oficinas de delación lingüística.
Insólita empresa la de crear pequeños Estados-nación cultural y lingüísticamente homogéneos fuera de su tiempo histórico cuando el proyecto de unidad europea aspira a configurar un vasto espacio político-jurídico superador de las diferencias de lengua y de cultura basado en principios y valores universales.
En definitiva, amigos míos, el Estatuto del tripartito es la culminación de veinticinco años de abdicaciones, ingenuidades, errores estratégicos, relativismo ético, cesiones a las urgencias cortoplacistas y debilidad conceptual de unos y de otros, y ahora el monstruo ha crecido hasta alcanzar proporciones difícilmente manejables. Sin embargo, hay que conservar la esperanza y mantener el ánimo porque las mayorías efectivas no coinciden necesariamente con las mayorías reales, aunque éstas se encuentren temporalmente desactivadas. Yo os invito a la movilización a favor de la Nación española definida por nuestra Constitución de 1978, una comunidad moral y racional de hombres y mujeres libres que los nacionalistas quieren degradar a hervidero de tribus hostiles entre sí, yo os insto a no ceder a la tentación del conformismo ni de la indiferencia, a recuperar el espíritu combativo que electrizó Cataluña en la primera mitad de los noventa del pasado siglo. Afortunadamente disponemos del instrumento político adecuado para esta misión urgente e insoslayable y no hay que inventar ninguno nuevo, sobre todo porque ante un enemigo formidable no hay nada peor que la dispersión de esfuerzos. Después de todo, el nacionalismo no es más que la solución imposible a un problema inexistente. Con los nacionalistas no hay que dialogar, hay que hacerles morder el polvo en las elecciones, no se trata de integrarles, sino de poner en evidencia sus miserias, en vez de darles cancha no hay que darles cuartel. Pongamos fin a los complejos, las tácticas miopes, los seguidismos vergonzantes y las maniobras de salón para volver al combate a pecho descubierto, orgullosos de nuestro credo y de nuestras siglas. Y no olvidéis una cosa, que os digo por experiencia. No existe peor melancolía que la que produce un trabajo dejado a medio hacer.
Muy buenas noches a todos.
Gracias, querido Jorge, por tu amable presentación.
La última vez que tomé la palabra en este salón fue hace siete meses, con motivo de la campaña a favor del sí a la Constitución Europea que llevaron a cabo los dos grandes partidos nacionales. En aquella ocasión, el esfuerzo realizado junto con Arcadi Espada, Mikel Buesa, Paco Caja, Carlos Martínez Gorriarán y Marita Rodríguez se vio coronado por el éxito porque el resultado de la consulta fue favorable a nuestras tesis. Lamentablemente, los partidarios del nuevo Tratado Constitucional no tuvieron la misma suerte en Francia y en Holanda y hoy el proceso de ratificación se encuentra paralizado y su destino es incierto. Sin embargo, nos cabe la satisfacción de que nosotros, como españoles, cumplimos nuestra parte y alcanzamos el objetivo previsto.
Esta noche comparezco en el mismo lugar que el pasado 18 de febrero y lo hago en defensa de la misma causa. Entonces afirmamos que los principios y valores que inspiran la Constitución europea son los mismos que animan nuestra Constitución española de 1978 y por eso al pedir el voto para aquélla renovábamos nuestro compromiso con ésta. En el momento presente, una nueva amenaza de enorme gravedad se cierne sobre nuestro gran pacto civil, sobre la base ética y política de nuestra convivencia en paz y libertad, una amenaza formidable e inminente en la que, por desgracia, a diferencia de lo que sucedió con motivo del referendo europeo, las dos principales fuerzas, la que actualmente gobierna España y la alternativa que aspira a volver a gobernar, no comparten la misma posición, sino que, por el contrario, mientras una apadrina e impulsa esta iniciativa nefasta, la otra se opone a ella de la manera más enérgica. A la hora de configurar el futuro de la Unión Europea, los dos grandes partidos actuaron al unísono al servicio de los intereses superiores del Estado, en el trance decisivo de articular el futuro de España, se enfrentan de forma irreconciliable desgarrando con sus discrepancias el cuerpo, a estas alturas ya muy castigado, de la Nación. Estoy convencido de que en esta lucha la razón no está repartida entre los dos bandos que se contraponen. Ni siquiera de que una porción de la verdad, por mínima que sea, se encuentra del lado del Gobierno y sus aliados. Creo, y lo creo sinceramente, que en el choque de trenes que se avecina una parte acierta completamente y la otra se equivoca sin remisión, que el lado de los que quieren preservar la Constitución de 1978 es el bueno y el de los que quieren dinamitarla es el malo. Sin matices ni componendas, sin miedo a enunciar las cosas con crudeza, sin tentaciones de ceder a la corrección política, he venido a Barcelona a hablaros bajo mi exclusiva responsabilidad personal, como catalán y como español. Hay quién milita en un partido porque en sus filas puede defender mejor los principios y valores que considera correctos sin oscilar con las circunstancias cambiantes, hay quién fluctúa con las coyunturas sea cual sea el partido al que pertenece para mejor medrar en política. Os aseguro que siempre he procurado no pertenecer a esta segunda categoría de responsables públicos. Por eso os he convocado esta noche, porque percibo un peligro muy serio e inmediato y considero mi deber advertirlo.
No hay nadie en este recinto que no sepa a qué amenaza me estoy refiriendo. El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña no es una reforma ni estructura una Autonomía. Se trata de liquidar el Estatuto vigente para alumbrar un texto aberrante que hace desaparecer el Estado español de esta Comunidad, abre el camino a la secesión, rompe con el espíritu de la transición, destruye la cohesión nacional, vulnera el acuerdo que hace un cuarto de siglo permitió la recuperación de la democracia e invocando una concepción federal transforma España en una Confederación de supuestas naciones inconexas entre sí. Y para mayor escarnio, los autores de semejante disparate, pretenden que se ajusta a la Constitución. Con este planteamiento, o nos encontramos ante unos ignorantes supinos que desconocen nuestro ordenamiento o nos quieren tomar a los demás por imbéciles. Sin descartar la primera opción, sobre todo en algunos casos particulares bastante obvios, la segunda me parece intolerable y yo, desde luego, no estoy dispuesto a seguirles el juego. Espero que mi intervención lo deje suficientemente claro.
Veamos. Aquí, en este pequeño volumen caben la Constitución española, el Estatuto de Cataluña en vigor y el Reglamento del Parlamento de Cataluña, más los correspondientes índices temáticos. El Estatuto cubre exactamente cuarenta y cuatro páginas en este formato reducido y consta de cincuenta y siete artículos, siete disposiciones adicionales y siete disposiciones transitorias. El proyecto de reforma del tripartito contiene doscientos dieciocho artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales. En gran formato ocupa cuarenta y seis páginas, es decir, abarca una extensión casi cuatro veces la del Estatuto actual. Pero no sólo son las cifras globales las que resultan llamativas. Consideremos un asunto concreto, uno que los catalanes consideramos, incluso sobresaltados por OPAS hostiles, estrictamente sentimental: las cajas de ahorro. En nuestra norma autonómica fundamental estas entidades de crédito aparecen mencionadas en el artículo 12, apartado 1, punto 6. Y digo mencionadas con toda propiedad porque lo único que hace el Estatuto vigente es enumerar en el punto 6 del apartado 1 del artículo 12 las instituciones de crédito corporativo, público y territorial y las cajas, sin otra precisión o desarrollo ulteriores. El Estatuto establece que de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Generalitat, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, la competencia exclusiva sobre cajas de ahorro. Así de conciso, claro y escueto. Vamos a continuación al proyecto de reforma maragalliano. Las cajas de ahorro merecen un artículo entero, el 117, con una extensión igual o superior a la de muchos artículos del Estatuto del 79. Es decir, que dos palabras, _caixes d´estalvis", ahora han sido sustituidas por más de doscientas en un precepto que detalla hasta la extenuación todo aquello que corresponde a la Generalitat en este ámbito, órganos rectores, representación de intereses sociales, régimen jurídico de creación, fusión, liquidación y registro, fundaciones, agrupaciones de cajas, cuotas participativas, distribución de los excedentes de la obra social, disciplina, inspección y sanción. Cuando pienso que uno de los directores generales de la primera caja de Cataluña ha firmado una carta en la que él y otros eximios representantes del mundo económico solicitan a Maragall que llegue a un acuerdo con Mas para que la reforma del Estatuto vea por fin la luz, para que esta reforma del Estatuto se haga realidad, me confirmo en mi apreciación de que el nacionalismo no es un problema únicamente político sino psiquiátrico, en el que el sadomasoquismo juega un papel relevante. De hecho, a los nacionalistas no hay que integrarlos, hay que curarlos, y la mejor terapia que yo conozco para la alteración que padecen es la de choque, o sea, derrotarles en las urnas. Pero volvamos a las cajas y a su tratamiento en el proyecto de nuevo Estatuto. No falta al respecto un toque surrealista, no en vano Salvador Dalí nació en el Ampurdán y Marcel Duchamp jugaba al ajedrez en las mesas de los bares de Cadaqués. Si una caja con sede en Cataluña, atención, opera en otras partes de España, la Generalitat tendrá competencia compartida en materia de disciplina, inspección y sanción, con lo que si se produce alguna presunta irregularidad en la gestión de una sucursal de una caja catalana en Madrid, Mérida o Málaga, allá van los inspectores del Conseller Castells junto con los del Banco de España y del Ministerio de Hacienda para poner una nota de eficiencia y seny catalán más allá de nuestras fronteras. La imaginación al poder y embolica que fa fort.
El proyecto llamado impropiamente de reforma está plagado de fantasías oníricas de este tipo y me llevaría varias horas relatarlas aquí. Sin embargo, no me resisto a citar otra, notable por su impulso al autogobierno. En el Estatuto del 79 el artículo 9 apartado 17 incluye entre las competencias exclusivas de la Generalitat con encomiable y lacónica precisión _pesca en aguas interiores, cría y recogida de mariscos, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre". No hay más. En el mamotreto nacionalista que nos quieren endilgar, un apartado de dos líneas en un largo artículo se transforma en un artículo entero, el 142, que entra en una lista exhaustiva de pormenores que alcanza hasta el buceo profesional, materia muy adecuada para otorgarle una mención explícita en una norma del bloque constitucional, pero lo realmente novedoso es que la gloriosa ponencia estatutaria atribuye a la Generalitat _la competencia exclusiva en materia de actividades marítimas en aguas interiores y ¡exteriores!", sí, habéis oído bien, no ha sido una alucinación, competencia exclusiva en aguas exteriores. Pronto tendremos un Conseller de Marina, una escuadra cuatribarrada que surcará las aguas territoriales catalanas a la busca y captura de buzos ilegales, de barcos de pesca que utilicen artes no permitidas y de yates cuyo patrón no tenga la titulación exigida, y una Escola Naútica de la Generalitat de la que saldrán promociones de oficiales de nuestras patrulleras, destructores y submarinos. Ya veo deslumbrante en su uniforme azul cuajado de entorchados a Miquel Iceta, erguido y marcial, muy puesto en su responsabilidad de Gran Almirantet de la Floteta Catalana de Llevant.
Bien, ahora que ya nos hemos reído un poco, dispongámonos a temblar. Ya he dicho que no estamos ante una reforma estatutaria; el tripartito nos invita al entierro del Estatuto de Sau y a la apertura de un proceso constituyente encubierto con un Estatuto de nuevo cuño que no modifica y perfecciona el del 79, simplemente lo tira a la papelera por inservible y arranca de cero, como si un cuarto de siglo de avance del autogobierno no hubiese servido para nada. Este adanismo desestabilizador y agresivo ha sido calificado, con el cauto lenguaje de los juristas, como _una de esas oscilaciones tan peligrosas para el sistema" por un constitucionalista prestigioso al que el Ministerio de Administraciones Públicas ha solicitado un dictamen sobre la reforma. En efecto, nuestra arquitectura institucional y las equilibradas reglas de juego que nos dimos a nosotros mismos libremente los españoles en 1978 saltarán por los aires si la reforma nacionalista acaba triunfando. Que el proyecto del tripartito aprobado por la ponencia estatutaria en el Parlamento de Cataluña es inconstitucional no es un objeto de polémica, es un dato objetivo, según han probado con todo rigor tanto el equipo de constitucionalistas y administrativistas contratado por Jordi Sevilla para pronunciarse al respecto como el propio Consejo Consultivo de la Generalitat. Para que nos percatemos del nivel de irresponsabilidad en el que se mueven los máximos capitostes nacionalistas en estos días, basta recordar que una figura pública tenida normalmente por sensata, como Josep Antón Durán i Lleida, ha declarado con motivo del pronunciamiento negativo del Consejo Consultivo que este órgano _no es más que un instrumento político del PSC" y otra resplandeciente luminaria de la democracia occidental, Francesc Homs, ha remachado el clavo diciendo que las resoluciones del Consejo Consultivo tomadas por mayoría son una expresión _partidista" y que si en el Parlamento catalán hubiera una mayoría nacionalista _el dictamen estaría de acuerdo con las posiciones nacionalistas". Dejando aparte que si la actual composición del Parlamento catalán no le parece a Homs de mayoría nacionalista, produce escalofríos pensar lo que este energúmeno consideraría una Cámara auténticamente dominada por este color ideológico, suenan todas las alarmas al comprobar que estos pronunciamientos de representantes elegidos de descalificación beligerante de órganos estatutarios clasifican a Cataluña como una república bananera y nos devuelven al ambiente de caos y de desprecio a la legalidad que precedió a la Guerra Civil. Además, si en Convergencia i Unió impera un clima de este calibre de subversión contra el orden establecido, más vale no imaginar el estado de ebullición revolucionaria que debe reinar en el partido de los independentistas contertulios de asesinos y asaltantes de piscinas privadas.
Pero el Estatuto nacionalista no se limita a ser inconstitucional, que lo es por los cuatro costados. El Consultivo ha apreciado inconstitucionalidad en el sistema de financiación y en la invocación de los derechos históricos para fundamentar determinadas competencias. El equipo que ha ilustrado al Ministerio de Administraciones Públicas ha apuntado que Maragall nos quiere colar _un sucedáneo de reforma constitucional", un cambio constitucional vía reforma estatutaria sin acudir al proceso que la propia Ley de leyes establece. En otras palabras, el tripartito se propone estafar a todos los españoles y traicionar el espíritu de la transición. Su proyecto de nuevo Estatuto es más que inconstitucional, es venenosa y arteramente anticonstitucional. La inconstitucionalidad puede derivar de una interpretación errónea de la Constitución que, sin mala intención, conduzca a desbordarla en un precepto específico. La anticonstitucionalidad, que es lo que practica el tripartito, es algo diferente, es la voluntad maligna y corrosiva de destruir nuestra Ley Fundamental, de demoler el pilar de nuestra paz civil, de nuestro progreso y de nuestra supervivencia como sociedad integrada y solidaria. No es lo mismo derrapar de buena fe en una curva de la Constitución que colocarse a sabiendas contra ella, como hacen Maragall y sus socios secesionistas.
La manera idónea de comprobarlo es leyendo el texto aprobado por la ponencia, de la primera línea a la última, además de las enmiendas presentadas por los distintos Grupos. Yo he coronado este fatigoso ejercicio, que me ha llevado unas cuantas horas, y por eso ahora puedo expresar mi opinión con conocimiento de causa. Os aseguro que nada de lo que han publicado los medios ni de lo que han declarado los distintos responsables políticos sobre el tema da una idea ni siquiera aproximada de la magnitud del trauma que la aprobación de este Estatuto delirante acarrearía a Cataluña y al conjunto de España. Hay que tenerlo bajo los ojos para creerlo y durante su lectura ha habido momentos en que no sabía si mi incredulidad era superior a mi indignación.
Permitídme que os exponga algunas perlas particularmente voluminosas del producto de las deliberaciones de la ponencia que ha contado, para mayor INRI, con el asesoramiento permanente del Instituto de Estudios Autonómicos cuyo director, puestos a apurar la copa del absurdo, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Visca Catalunya i Visca el Barça.
Artículo 191. Tratados y Convenios internacionales. ¿Estáis bien sentados? Pues bien, vamos allá. El Gobierno de España ha de informar a la Generalitat con carácter previo, nada de a toro pasado, con carácter previo, sobre los procesos de negociación de Tratados y Convenios internacionales si afectan a las competencias e intereses de Cataluña. O sea, siempre, porque los intereses de Cataluña como es bien sabido, son universales e infinitos. Obviamente, el Gobierno de la Generalitat y el Parlament pueden dirigir al Gobierno de la nación las observaciones que consideren pertinentes al caso. Además, la Generalitat ha de participar en las negociaciones de los tratados internacionales que afecten a sus competencias, es decir, en todos. Y si las competencias afectadas son exclusivas, el informe del Parlament será determinante para el Ejecutivo central. Ya estoy viendo la escena. Entrevista negociadora de Moratinos y Condy Rice. Moratinos: Ms. Rice, this is Mr Puigcercós, whose opinión on our agreement is conclusive. Y Condy Rice: Pleased to meet you Mr. Puig, Puig what? Ah, Puigcercós. Sit down, please. Y Puigcercós: Encantat de coneixer-la. Catalonia is an oppressed nation. Y Condy Rice : I beg your pardon ? En fin, para qué seguir. Y si, como es lógico, esta prerrogativa se ha de extender a las diecisiete Comunidades Autónomas con el fin de evitar discriminaciones, los encuentros de nuestros Ministros con sus homólogos de otros países para preparar y cerrar acuerdos internacionales se parecerán bastante al camarote de los hermanos Marx. Dato interesante: a este artículo, al que el PP ha presentado, naturalmente, una enmienda de supresión, el PSC no ha presentado ninguna. ¿A qué el tema está peor de lo que lo que nos cuentan?
Artículos 178 hasta el 181. Relaciones de la Generalitat con la UE. Exactamente lo mismo, calcado del 191 con algunos suculentos añadidos. Cuando se convoca una Conferencia Intergubernamental para reformar los Tratados, el Gobierno de la Nación ha de informar y escuchar la opinión de la Generalitat, incorporar a representantes de la misma en la delegación española que negocie con los demás Estados Miembros y en aquellos elementos que afecten a competencias exclusivas de la Autonomía catalana, la posición de la Generalitat ha de ser seguida obligatoriamente por el Gobierno central. En lo de escuchar a la Generalitat no especifica si el Presidente del Gobierno central ha de hacerlo genuflexo o vale que permanezca de pie respetuosamente inclinado. Además de menoscabar la soberanía nacional hasta extremos inaceptables, la extensión a las diecisiete comunidades autónomas de este procedimiento haría inviable la negociación convirtiendo además al Reino de España en objeto de irrisión ante sus socios comunitarios. Tampoco hay ninguna enmienda sustantiva del PSC a un esquema tan contrario a la racionalidad jurídica y al funcionamiento eficaz de las CIG europeas.
Supongo que todos estamos de acuerdo, empezando por las organizaciones empresariales catalanas, que en España es conveniente que exista unidad de mercado. Pues bien, en el artículo 144 del proyecto de reforma, Corporaciones de Derecho Público y profesiones tituladas, se asigna a la Generalitat la competencia exclusiva en la determinación de requisitos y condiciones del ejercicio de profesiones tituladas y de acceso al ejercicio profesional, el establecimiento de los derechos y obligaciones de los profesionales titulados y su régimen de incompatibilidades. Si se contrastan estas disposiciones con el artículo 9.23 del Estatuto actual, plenamente respetuoso con la Constitución, y con los artículos 36, 149.1.30 y 139 de nuestra Ley Fundamental de 1978, se advierte hasta dónde llega la insania intervencionista e inconstitucional del tripartito. ¿Es que un profesional titulado español ha de encontrar obstáculos a su movilidad laboral en el interior de las fronteras de su país? Mientras a nivel europeo se toman medidas para que desaparezca cualquier barrera académica o administrativa para la libre circulación de profesionales, Maragall y Carod deshacen por abajo lo que como miembros de la Unión estamos construyendo por arriba. En el artículo 150 de la reforma, mercados de valores y centros de contratación, la Generalitat se arroga la facultad de introducir requisitos adicionales a los que imperan en el conjunto del Estado para la admisión de valores negociables, para el régimen de incompatibilidades de los administradores de las empresas de servicios de inversión que operen en Cataluña y para la publicidad en relación a emisiones, agentes y funcionamiento del mercado de valores. Es evidente que el presidente del Fomento del Trabajo, debido a sus múltiples ocupaciones, no ha llegado a leerse en su totalidad el proyecto de reforma porque si lo hubiera hecho no habría firmado la inaudita carta pidiendo que este bodrio alcance el BOE. Y análoga fragmentación del mercado español encontramos en el artículo 135, Trabajo y Relaciones Laborales, en el 148, Industria y Artesanía, y en el 152, Promoción y Defensa de la Competencia.
Pero no os pido que creáis lo que os estoy contando, os pido que lo leáis y saquéis vuestras propias conclusiones. Y una vez hayáis advertido directamente, sin intermediarios políticos o periodísticos, que el tripartito os arrastra a la ruina con este Estatuto obsesivamente intervencionista, rabiosamente anticonstitucional y enloquecidamente subversivo, movilizaos contra él, defendeos de Maragall y de Carod, contraatacad, explicad a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros vecinos y a vuestros amigos de tertulia lo que a Cataluña se le viene encima. Es así de sencillo: o acabamos con el Estatuto nacionalista o el Estatuto nacionalista acaba con todos nosotros.
Hay un Título concreto del proyecto que merece un recorrido monográfico porque nos proporciona con nítida e indisimulable brutalidad el significado y el alcance de esta operación de eliminación del Estado español en Cataluña y de separación efectiva de Cataluña del resto de la Nación. Me refiero al Título tercero, sobre el Poder Judicial en Cataluña, que tritura la unidad de la Administración de Justicia en España. Según se prescribe en sus tres capítulos y quince artículos, la Generalitat asume todas las competencias y atribuciones que actualmente residen en el Consejo General del Poder Judicial mediante un órgano de nueva creación, El Consejo de Justicia de Cataluña. Así, la capacidad de convocar oposiciones, nombrar a jueces y magistrados, fijar las demarcaciones judiciales, abrir y cerrar juzgados, inspeccionar juzgados y tribunales e imponer medidas disciplinarias, corresponde a este organismo cuyos miembros son designados por el Parlamento de Cataluña por mayoría cualificada. En cuanto al Presidente del Tribunal Superior, a los Presidentes de Sala del mismo y al Fiscal Superior, el Consejo General del Poder Judicial viene obligado a nombrarlos entre los integrantes de una terna que le presenta el Consejo de Justicia de Cataluña o el Gobierno de la Generalitat, respectivamente. Cualquier aspirante a una vacante de juez o magistrado en Cataluña ha de acreditar un conocimiento suficiente de la lengua catalana, requisito que resulta indispensable para ocupar la plaza.
Es obvio que estas disposiciones impiden en la práctica que ningún juez o magistrado oriundo de las Comunidades monolingües en castellano, que son doce, desempeñe su labor en Cataluña, con la consiguiente discriminación intolerable y el inevitable empobrecimiento de la calidad y de la independencia de la justicia en el territorio del Principado.
Disposiciones idénticas se aplican en el artículo 130 a los notarios y a los registros civil, mercantil y de la propiedad. Mismas competencias de la Generalitat abarcando todos los aspectos del funcionamiento de dichos cuerpos, misma obligación del conocimiento de la lengua. Volem bisbes catalans, volem notaris i registradors catalans, volem jutges catalans, volem mestres catalans, la voluntad enfermiza de cerrar Cataluña a las aportaciones humanas del resto de España, la introversión neurótica y esterilizante que niega la realidad palpable de que la prosperidad material, el dinamismo cultural y hasta la propia supervivencia de la lengua catalana han sido posibles gracias a los flujos masivos de gentes procedentes ayer de todas las regiones de la península y hoy de otros continentes. Si una sociedad se enclaustra, más pronto que tarde entrará en decadencia consumida por sus carencias porque ningún colectivo humano es autosuficiente. En la era de la globalización, nuestros micronacionalistas desperdician preciosas energías en levantar murallas inútiles frente a una España a la que Cataluña pertenece por historia, por demografía, por interdependencia económica, por vínculos de afecto que son demasiado vivos, demasiado intensos, para ser borrados por operaciones mezquinas de ingeniería social a cargo de un puñado de filólogos de tres al cuarto.
Y dediquemos a continuación unos minutos al tema candente de la financiación, uno de los caballos de batalla junto a los derechos históricos y al blindaje de competencias, de esta reforma infumable. El enfoque del tripartito en este campo introduce cinco elementos que rompen con el modelo actual y que son incompatibles con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.
1) La Generalitat recauda, gestiona, inspecciona y regula todos los impuestos sin excepción, incluyendo los grandes tributos estatales, renta, IVA y sociedades. Ya no hay impuestos reservados al Estado, sino que todos pasan a ser cedidos a la Generalitat, total o parcialmente. Una medida de este tipo, aplicada con carácter general a las diecisiete Comunidades, deja al Estado inerme y sin recursos para cumplir sus fines, reservada en exclusividad a Cataluña introduce un privilegio intolerable.
2) La Administración tributaria del Estado se esfuma en Cataluña y la Agencia Tributaria catalana que la reemplaza se _coordina" con ella. Para esta propuesta descabellada valen las mismas observaciones que para la anterior.
3) La contribución a la solidaridad de la Comunidad catalana tiene un límite: no puede rebasar el 50% del volumen recaudado para cada uno de los tributos cedidos total o parcialmente. Es de cajón que la imposición de una cota máxima a la aportación al proyecto común de manera unilateral es inadmisible por parte del Estado y de las restantes Autonomías. Si las diecisiete hicieran lo mismo, el Estado colapsaría. Si sólo se le permite a Cataluña, se vulnera de manera flagrante el principio de igualdad.
4) Las Comunidades, según el tripartito, han de recibir el mismo nivel de servicios públicos únicamente si su esfuerzo fiscal es similar. Se trata de un criterio tramposo y perversamente insolidario con las Autonomías de menor renta. El esfuerzo fiscal, es decir, el porcentaje recaudado en términos de PIB, no es el mismo en un territorio menos desarrollado que en otro más rico, ya que el sistema es progresivo. En consecuencia, aunque el esfuerzo fiscal de una Comunidad modesta sea inferior al de Cataluña, negarle un nivel equiparable de sanidad, educación y bienestar social a cargo de fondos públicos es una muestra de egoísmo repulsivo y de falta absoluta de conciencia nacional. En mi opinión, éste es un rasgo del modelo diseñado por el tripartito que más claramente pone en evidencia no ya la mofa que de la Constitución hacen Maragall y sus socios separatistas, sino la radical inmoralidad de sus concepciones políticas. El mero hecho de poner negro sobre blanco semejante abuso representa una provocación peligrosamente desestabilizadora. Uno de los acuerdos tácitos de la transición fue que nadie en el futuro rompería la baraja. Salta a la vista que al tripartito le quedan ya pocos naipes que rasgar.
5) Se crea una Comisión Mixta de Relaciones Fiscales y Financieras Estado-Generalitat que con carácter bilateral resuelve todas las cuestiones relativas a la financiación autonómica de Cataluña. Estamos ante otra descarada violación de la Constitución. El marco para pactar el modelo de financiación autonómica el es Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado, donde de manera multilateral y bajo el arbitraje del Gobierno central, garante y depositario del interés general, se alcanzan fórmulas equilibradas que preserven la solidaridad y la igualdad. El tratamiento confederal de la distribución de recursos que pretende el tripartito no es de recibo y equivale a una bofetada al resto de Autonomías, a las que se trata, de facto, como inferiores.
Queridos amigos y amigas, este Estatuto nacionalista nos conduce a una conclusión tan desoladora como inocultable: en la transición se cometió un error de perspectiva, bienintencionado sin duda, pero letal, y ese error fue confiar en los nacionalistas, asimilar los nacionalismos etnicistas al resto de partidos democráticos, cuando la experiencia ha demostrado hasta la saciedad que son de una especie distinta. La Constitución de 1978 se erigió sobre una hipótesis que el tiempo ha revelado trágicamente falsa: la de que los nacionalismos identitarios eran opciones políticas como las demás, que pugnarían por el poder sin romper las reglas, trabajando dentro del sistema, sin quebrar el marco común. Las evidencias se han ido acumulando, pero tras el Plan Ibarretxe y el Estatuto de Carod, negarse a reconocer la imposibilidad de gobernar una Nación con la colaboración de aquellos cuyo objetivo es destruirla o es ceguera o es traición.
El gran pacto de la transición tuvo cinco componentes principales:
a) el social, que trajo el equilibrio de intereses entre capital y trabajo, y que empresarios y sindicatos han respetado.
b) el militar, que sometió este estamento al poder civil, y que las fuerzas armadas y las instancias democráticas han respetado.
c) el religioso, que separó la Iglesia y el Estado, y que ambos han respetado.
d) el de la forma de Estado, que superó la disyuntiva Monarquía-República, y que la Corona y la izquierda nacional han respetado.
e) el territorial, introducido para apaciguar la tensión centro-periferia, que los grandes partidos nacionales han cumplido y los nacionalistas han pisoteado.
Este es un hecho doloroso, decepcionante, desesperante, si se quiere, pero real, y vivir de espaldas a esa realidad nos aniquila como sociedad vertebrada. He aquí el gran problema nacional de España en el inicio de siglo XXI, la negativa contumaz y destructiva de los nacionalistas identitarios a incorporarse lealmente a un gran proyecto español cohesionado y plural en el que la diversidad sea respetada y la unidad conservada. De nada sirve fingir que este mal no nos aflige, actuar como si las cosas fuesen de otra manera, si son como son. Esta incapacidad para enfrentarse a una circunstancia tan incómoda como tangible nos ha deslizado lenta pero inexorablemente hacia la insostenible y delirante situación actual, a saber, el Presidente del Gobierno de la Nación nos comunica que el concepto de nación es relativo, su rama catalana se manifiesta abiertamente nacionalista, su filial vasca ha abandonado la causa constitucionalista, los terroristas se sientan en un Parlamento autonómico y el Gobierno central se mantiene gracias a los independentistas. ¿Adónde hemos llegado, cómo es posible que una grande y antigua Nación europea se vea obligada a soportar tanta vergüenza, tanta indignidad, tanta cobardía de los que, en principio, están llamados a fortalecerla, servirla y hacerla respetar? ¿Qué viscosa mezcla de ignorancia, pusilanimidad, oportunismo, deseo de conservar el poder a toda costa y animadversión sectaria al otro gran partido nacional nos está debilitando hasta dejarnos exánimes?.
Nos encontramos en un trance que sólo puede ser calificado como de emergencia nacional. El momento es de extrema gravedad porque la Nación no está amenazada únicamente en su seguridad, en su prosperidad y en su estabilidad, sino en su misma existencia. Si el Gobierno central y una mayoría en el Congreso de los Diputados avala la creación de una nación étnica en el seno de una Nación cívica, si el artículo primero del proyecto de Estatuto de Cataluña, ese que postula que Cataluña es una nación, haciendo trizas el artículo segundo de la Constitución, pasa a formar parte de nuestro ordenamiento, se iniciará indudablemente una nueva etapa en la historia de España, la de su desaparición.
Me gustaría compartir con vosotros una idea que considero clave y cuyo olvido o cuya ausencia es la causa del auge de los micronacionalismos secesionistas en nuestro país. La perversidad intrínseca de los nacionalismos de identidad no radica en sus pretensiones soberanistas y separatistas, sino en las bases éticas en las que apoyan esta pretensión. Lo rechazable no es la reclamación de soberanía, lo es principio étnico excluyente y totalitario en el que los nacionalistas apoyan esa pretensión. Si la soberanía es indispensable para ganar o recuperar la libertad, para implantar el respeto a los derechos humanos, para obtener justicia, para eliminar la discriminación, o sea, para vivir en sociedad de acuerdo con los principios y valores de nuestra Constitución de 1978, bienvenido sea el combate para alcanzarla. Si se demanda la soberanía para imponer la uniformidad allí donde hay pluralidad, para distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda en función de la lengua, la raza, la cultura o las creencias, para atropellar derechos individuales inalienables con el fin de satisfacer imaginarios derechos colectivos, entonces la autodeterminación es sinónimo de tiranía y considerarla un avance democrático una broma siniestra.
Las dificultades que nos agobian en la tarea de consolidar el edificio constitucional construido en 1978 arrancan de la incapacidad por parte de muchos de comprender la verdadera naturaleza del nacionalismo. No hay nacionalismo benigno porque en cualquier conflicto de identidad se genera irremisiblemente una dinámica del odio. El pobre Patxi López intenta curar la septicemia que corroe a la sociedad vasca con dosis moderadas de agentes patógenos activos. Otros se ufanan de pertenecer a la centralidad política para enmascarar su falta de valor o de convicciones. No se puede prestar mejor ayuda a los nacionalistas que aparentar normalidad en el presente estado de cosas, no se puede facilitar de manera más sumisa su labor disolvente que sentándose durante dieciocho meses en una ponencia parlamentaria que redacta la demolición de nuestro sistema de convivencia sin descomponer el gesto ni levantar la voz aunque las enmiendas que se presenten sean jurídicamente impecables. En política, el volumen, el tono, el timbre y la orquestación con los que se interpreta la partitura son tan importantes como la música misma. ¿O es que el centrismo consiste en tocar el último movimiento de la Novena de Beethoven con una flautita? Confundir el centrismo con el colaboracionismo me parece una equivocación imperdonable.
Los nacionalistas no interpretan las concesiones como un gesto generoso que ha de ser correspondido, sino como una debilidad del interlocutor que debe ser inmediatamente explotada. La reforma estatutaria del tripartito es una muestra palpable de esta pauta permanente. ¿Qué más hará falta para que algunos se enteren? ¿Quizá una ceremonia de flagelación de Chaves en la plaza de la Maestranza a cargo de Puigcercós?.
Los jerarcas metropayeses de Esquerra se han llenado de júbilo porque su Estatuto liberticida devolvía a Cataluña a sus tiempos dorados anteriores a 1714. Logro notable, el regreso al Antiguo Régimen ¿Contemplan también estos encendidos patriotas la recuperación alborozada de la higiene, la medicina, las comunicaciones y los medios de transporte del siglo XVII? Al fin y al cabo, Carod se vanagloria de que no tiene carné de conducir, pero, que se sepa, no ha rechazado el coche oficial ni el teléfono móvil a cargo de los impuestos cedidos ¿Sienten nostalgia por las aduanas interiores, por el absolutismo, por la proliferación de monedas, por el tribunal de la Inquisición? Quizá sí, teniendo en cuenta que ya han puesto en marcha oficinas de delación lingüística.
Insólita empresa la de crear pequeños Estados-nación cultural y lingüísticamente homogéneos fuera de su tiempo histórico cuando el proyecto de unidad europea aspira a configurar un vasto espacio político-jurídico superador de las diferencias de lengua y de cultura basado en principios y valores universales.
En definitiva, amigos míos, el Estatuto del tripartito es la culminación de veinticinco años de abdicaciones, ingenuidades, errores estratégicos, relativismo ético, cesiones a las urgencias cortoplacistas y debilidad conceptual de unos y de otros, y ahora el monstruo ha crecido hasta alcanzar proporciones difícilmente manejables. Sin embargo, hay que conservar la esperanza y mantener el ánimo porque las mayorías efectivas no coinciden necesariamente con las mayorías reales, aunque éstas se encuentren temporalmente desactivadas. Yo os invito a la movilización a favor de la Nación española definida por nuestra Constitución de 1978, una comunidad moral y racional de hombres y mujeres libres que los nacionalistas quieren degradar a hervidero de tribus hostiles entre sí, yo os insto a no ceder a la tentación del conformismo ni de la indiferencia, a recuperar el espíritu combativo que electrizó Cataluña en la primera mitad de los noventa del pasado siglo. Afortunadamente disponemos del instrumento político adecuado para esta misión urgente e insoslayable y no hay que inventar ninguno nuevo, sobre todo porque ante un enemigo formidable no hay nada peor que la dispersión de esfuerzos. Después de todo, el nacionalismo no es más que la solución imposible a un problema inexistente. Con los nacionalistas no hay que dialogar, hay que hacerles morder el polvo en las elecciones, no se trata de integrarles, sino de poner en evidencia sus miserias, en vez de darles cancha no hay que darles cuartel. Pongamos fin a los complejos, las tácticas miopes, los seguidismos vergonzantes y las maniobras de salón para volver al combate a pecho descubierto, orgullosos de nuestro credo y de nuestras siglas. Y no olvidéis una cosa, que os digo por experiencia. No existe peor melancolía que la que produce un trabajo dejado a medio hacer.
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Luis -