LA ESTAFA CATALANA
La estafa de la política catalana tiene carácter previo al hipotético fracaso de la redacción del nuevo estatuto. Y reside en la ausencia de la inexcusable pregunta inicial: ¿es necesario un nuevo estatuto para Cataluña? Pregunta, por cierto, absolutamente excluida del debate en Cataluña y el resto de España. Incluso el PP ha renunciado desde el principio a plantearla.
Y sin embargo la respuesta es sencilla: el nuevo estatuto solo es necesario si se acepta como hecho incontrovertible que hay que avanzar en un autogobierno que solo puede acabar en la independencia. Porque, desde luego, si se acepta que la Constitución del 78 marcó los límites de un estado ampliamente descentralizado, y que era el fruto de un pacto en el que todos cedían algo, si eso se acepta no es en absoluto necesario un nuevo estatuto.
Y esa es la primera etapa de la gran estafa: ya nos han sustraído antes de empezar la pregunta crucial. Se da por sentado, por comúnmente aceptado, que Cataluña tiene que avanzar indefinida e inexorablemente hacia un mayor autogobierno y, en última instancia, hacia la independencia. Ya ni se discute el concepto, sino tan solo el cómo, el cuándo, el ritmo.
Cuando alguien osa plantear esa cuestión previa, amén de ser observado como espécimen extraño y candidato al ingreso inmediato en un centro de reeducación, se le suele responder con la cuestión de la financiación: ¿es que acaso Cataluña no tiene derecho a una mejor financiación, a un trato económico que no limite su potencial de crecimiento?. Y he ahí la segunda fase de la estafa. La incansable reivindicación frente a Madrid ha venido siendo utilizada por los sucesivos gobiernos de la Generalitat como fenomenal coartada para no tener que preocuparse jamás de materias tan prosaicas y tan ineludibles para otros gobiernos como el déficit público o la contención del gasto. ¿Que no llegamos? Es porque Madrid nos quita nuestro dinero. ¿Qué nos pasamos tres pueblos en el presupuesto? En la próxima negociación de nuestro apoyo parlamentario al gobierno español (al que sea) ya les sacaremos una hermosa tajada para pagar la sanidad, o la educación, o lo que sea en que nos hayamos excedido.
Una financiación mejor solo tiene sentido si seguimos aplicando nuevamente la primera parte de la estafa: necesitamos más dinero porque si no no podemos desarrollarnos como nación. Y como ya hemos dicho, eso está fuera de toda discusión. Si asumiésemos nuestra posición como comunidad autónoma dentro del estado español, y no aspirásemos a competencias cada vez más amplias y costosas que, insisto, solo conducen a la independencia, no sería ten necesario un nuevo sistema de financiación ni, en consecuencia, un nuevo estatuto.
La tercera parte de la estafa aparece cuando uno toma el texto de la supuesta reforma y ve que el articulado pasa de cincuenta y tantos a 250 y pico. Y que los ponentes hablan de blindar el texto para evitar injerencias estatales. Y que los más radicales advierten que este texto nos da vidilla para 25 años, pero que no implica renunciar a nada que vaya más allá (¿qué queda, salvo la independencia?). Y que contiene una serie de pronunciamientos absolutamente escorados hacia uno de los extremos del arco político. Es decir, que esta fase de la estafa es doble: no es una reforma estatutaria, sino una constitución en toda regla, y no es la de todos los catalanes, sino solo la de los nacionalistas de izquierda.
La cuarta etapa de la estafa es quizá la más deprimente. Imaginemos (no lo creo) que finalmente no se vota este texto, y se convocan elecciones anticipadas. Aclaremos de antemano que tanto si se vota como si no, ello dependerá exclusivamente de los más espurios intereses partidistas y electorales. En realidad, en este instante, a todos los nacionalistas Cataluña les importa un rábano, y el estatuto aún menos: es un simple trampolín para posicionarse de cara a la próxima carrera electoral. Pero vuelvo a la cuarta parte de la estafa: es que si se celebrasen elecciones nada cambiaría. ERC podría nuevamente optar por dar el poder simbólicamente a CiU o al PSC, para seguir mandando en la sombra. Y el progreso incesante hacia la secesión seguiría su curso de todas maneras. Es decir, que el fracaso político que supondría que tras un año y medio de trabajo no se fuese capaz de firmar un texto, no implicaría en la práctica consecuencia alguna para los fracasados: de una forma o de otra, seguirían gobernando.
Y es que sobre todo ello sobrevuela la que es, en realidad, la gran estafa que justifica todas las demás, y que con más voluntad que acierto denunciaron los intelectuales con Albert Boadella, Arcadi Espada y Francesc de Carreras a la cabeza: el absoluto distanciamiento entre la realidad y la política catalanas, el inmenso déficit democrático de la sociedad catalana, mucho más enferma de lo que pensamos. Un ejemplo palpable: ERC pacta con CiU (la oposición) unas enmiendas que su socio mayoritario de gobierno considera inaceptables. En cualquier país normal esto llevaría a una inmediata crisis de gobierno. Aquí no. Todo es posible en Cataluña, el país en que los políticos llevan 25 años estafando a la ciudadanía, y la ciudadanía lleva 25 años invitando a los políticos a que la estafen.
Y sin embargo la respuesta es sencilla: el nuevo estatuto solo es necesario si se acepta como hecho incontrovertible que hay que avanzar en un autogobierno que solo puede acabar en la independencia. Porque, desde luego, si se acepta que la Constitución del 78 marcó los límites de un estado ampliamente descentralizado, y que era el fruto de un pacto en el que todos cedían algo, si eso se acepta no es en absoluto necesario un nuevo estatuto.
Y esa es la primera etapa de la gran estafa: ya nos han sustraído antes de empezar la pregunta crucial. Se da por sentado, por comúnmente aceptado, que Cataluña tiene que avanzar indefinida e inexorablemente hacia un mayor autogobierno y, en última instancia, hacia la independencia. Ya ni se discute el concepto, sino tan solo el cómo, el cuándo, el ritmo.
Cuando alguien osa plantear esa cuestión previa, amén de ser observado como espécimen extraño y candidato al ingreso inmediato en un centro de reeducación, se le suele responder con la cuestión de la financiación: ¿es que acaso Cataluña no tiene derecho a una mejor financiación, a un trato económico que no limite su potencial de crecimiento?. Y he ahí la segunda fase de la estafa. La incansable reivindicación frente a Madrid ha venido siendo utilizada por los sucesivos gobiernos de la Generalitat como fenomenal coartada para no tener que preocuparse jamás de materias tan prosaicas y tan ineludibles para otros gobiernos como el déficit público o la contención del gasto. ¿Que no llegamos? Es porque Madrid nos quita nuestro dinero. ¿Qué nos pasamos tres pueblos en el presupuesto? En la próxima negociación de nuestro apoyo parlamentario al gobierno español (al que sea) ya les sacaremos una hermosa tajada para pagar la sanidad, o la educación, o lo que sea en que nos hayamos excedido.
Una financiación mejor solo tiene sentido si seguimos aplicando nuevamente la primera parte de la estafa: necesitamos más dinero porque si no no podemos desarrollarnos como nación. Y como ya hemos dicho, eso está fuera de toda discusión. Si asumiésemos nuestra posición como comunidad autónoma dentro del estado español, y no aspirásemos a competencias cada vez más amplias y costosas que, insisto, solo conducen a la independencia, no sería ten necesario un nuevo sistema de financiación ni, en consecuencia, un nuevo estatuto.
La tercera parte de la estafa aparece cuando uno toma el texto de la supuesta reforma y ve que el articulado pasa de cincuenta y tantos a 250 y pico. Y que los ponentes hablan de blindar el texto para evitar injerencias estatales. Y que los más radicales advierten que este texto nos da vidilla para 25 años, pero que no implica renunciar a nada que vaya más allá (¿qué queda, salvo la independencia?). Y que contiene una serie de pronunciamientos absolutamente escorados hacia uno de los extremos del arco político. Es decir, que esta fase de la estafa es doble: no es una reforma estatutaria, sino una constitución en toda regla, y no es la de todos los catalanes, sino solo la de los nacionalistas de izquierda.
La cuarta etapa de la estafa es quizá la más deprimente. Imaginemos (no lo creo) que finalmente no se vota este texto, y se convocan elecciones anticipadas. Aclaremos de antemano que tanto si se vota como si no, ello dependerá exclusivamente de los más espurios intereses partidistas y electorales. En realidad, en este instante, a todos los nacionalistas Cataluña les importa un rábano, y el estatuto aún menos: es un simple trampolín para posicionarse de cara a la próxima carrera electoral. Pero vuelvo a la cuarta parte de la estafa: es que si se celebrasen elecciones nada cambiaría. ERC podría nuevamente optar por dar el poder simbólicamente a CiU o al PSC, para seguir mandando en la sombra. Y el progreso incesante hacia la secesión seguiría su curso de todas maneras. Es decir, que el fracaso político que supondría que tras un año y medio de trabajo no se fuese capaz de firmar un texto, no implicaría en la práctica consecuencia alguna para los fracasados: de una forma o de otra, seguirían gobernando.
Y es que sobre todo ello sobrevuela la que es, en realidad, la gran estafa que justifica todas las demás, y que con más voluntad que acierto denunciaron los intelectuales con Albert Boadella, Arcadi Espada y Francesc de Carreras a la cabeza: el absoluto distanciamiento entre la realidad y la política catalanas, el inmenso déficit democrático de la sociedad catalana, mucho más enferma de lo que pensamos. Un ejemplo palpable: ERC pacta con CiU (la oposición) unas enmiendas que su socio mayoritario de gobierno considera inaceptables. En cualquier país normal esto llevaría a una inmediata crisis de gobierno. Aquí no. Todo es posible en Cataluña, el país en que los políticos llevan 25 años estafando a la ciudadanía, y la ciudadanía lleva 25 años invitando a los políticos a que la estafen.
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Manu -