HOMOSEXUALES Y ADOPCIÓN
Por Juan Manuel de Prada
ABC (02/10/04, 08.41 horas)
PARECE que la reforma que se introducirá en el Código Civil para torcer el lenguaje y encajar el llamado -con flagrante oxímoron- «matrimonio homosexual» permitirá a los nuevos contrayentes adoptar niños. De este modo, España, con esa premura propia del cagaprisas o el advenedizo, propone una revolución legislativa que otros países con una más larga trayectoria de reconocimiento de los derechos civiles de los homosexuales no se han atrevido a abordar. España se incorpora así a ese grupo de países pioneros o tarambanas (depende del cristal con que se mire) que se han convertido en laboratorios sociales; países, por cierto, cuya historia reciente está signada por la inanidad y el acomodo al viento que sopla (recordemos, por ejemplo, el pedazo de resistencia que Holanda y Bélgica ofrecieron a la invasión nazi). Convendría especificar que la adopción no es un «derecho de los homosexuales», como algunos analfabetos jurídicos proclaman, ni tampoco de los heterosexuales, sino una institución creada en beneficio exclusivo de la infancia desvalida.
Cuando uno viaja a ciertos países hispanoamericanos y es asaltado por niños huérfanos, rebozados de mugre, atónitos de dolor, que mendigan y merodean la delincuencia y se prostituyen, resulta muy difícil oponerse tajantemente a que los homosexuales adopten niños. Francamente, entre un niño abandonado a su suerte y un niño atendido por una pareja de hombres que le dispensan su cariño, me quedo con la segunda alternativa: es cierto que ese niño nunca tendrá una madre en el sentido estricto y cabal de la palabra; pero del otro modo quizá no tenga futuro, ni posibilidad de redención. Por lo demás, todos sabemos que la legislación actual permite que los homosexuales adopten, siempre que presenten su solicitud en solitario, y no como pareja constituida. Nadie discutirá que lo idóneo para un niño es disponer de un padre y madre de sexos diferenciados; pero entre esa posibilidad ideal y una aciaga condena a la orfandad y el desamparo, prefiero que el niño disponga de dos padres o dos madres. Se trata de un criterio puramente pragmático.
La reforma legal que se nos avecina plantea, sin embargo, algunos dilemas morales y problemas jurídicos irresolubles que delatan la impremeditación con que obra nuestro Gobierno, tan pionero o tarambana. En el orden moral (y utilizo aquí esta palabra en su sentido más etimológico de «relativo a las costumbres»), a nadie se le escapa que la homosexualidad, más allá de sus peculiaridades genéticas, incorpora un componente cultural: aquellas sociedades que, a lo largo de la Historia, se han mostrado más permisivas con su práctica, han sido las que han albergado, a la postre, mayor número de homosexuales. La sexualidad es, por supuesto, un impulso natural y primigenio, pero modelado por el medio cultural. Un niño que se cría entre homosexuales, ¿no está siendo incitado a imitarlos? Promover una reforma legal sin plantearse siquiera esta cuestión ni promover su debate se me antoja insensato. También lo es que el Gobierno no haya reparado en que la inmensa mayoría de niños que se ofrecen en adopción en España proceden de países cuyas legislaciones no admiten que los llamados «matrimonios homosexuales» los adopten. Mucho me temo que esta reforma que el Gobierno se ha sacado de la manga para dárselas de moderno acabe, en su imprevisión, perjudicando a quienes pretendía beneficiar. Quizá las parejas homosexuales, cuando descubran que no pueden adoptar niños porque las legislaciones de sus países de origen no lo permiten, acaben divorciándose por la vía exprés para poder hacerlo. Sería el irónico colofón de una reforma promovida por un Gobierno que -como Baltasar Gracián reprochaba a la mujer- «primero ejecuta y después piensa».
ABC (02/10/04, 08.41 horas)
PARECE que la reforma que se introducirá en el Código Civil para torcer el lenguaje y encajar el llamado -con flagrante oxímoron- «matrimonio homosexual» permitirá a los nuevos contrayentes adoptar niños. De este modo, España, con esa premura propia del cagaprisas o el advenedizo, propone una revolución legislativa que otros países con una más larga trayectoria de reconocimiento de los derechos civiles de los homosexuales no se han atrevido a abordar. España se incorpora así a ese grupo de países pioneros o tarambanas (depende del cristal con que se mire) que se han convertido en laboratorios sociales; países, por cierto, cuya historia reciente está signada por la inanidad y el acomodo al viento que sopla (recordemos, por ejemplo, el pedazo de resistencia que Holanda y Bélgica ofrecieron a la invasión nazi). Convendría especificar que la adopción no es un «derecho de los homosexuales», como algunos analfabetos jurídicos proclaman, ni tampoco de los heterosexuales, sino una institución creada en beneficio exclusivo de la infancia desvalida.
Cuando uno viaja a ciertos países hispanoamericanos y es asaltado por niños huérfanos, rebozados de mugre, atónitos de dolor, que mendigan y merodean la delincuencia y se prostituyen, resulta muy difícil oponerse tajantemente a que los homosexuales adopten niños. Francamente, entre un niño abandonado a su suerte y un niño atendido por una pareja de hombres que le dispensan su cariño, me quedo con la segunda alternativa: es cierto que ese niño nunca tendrá una madre en el sentido estricto y cabal de la palabra; pero del otro modo quizá no tenga futuro, ni posibilidad de redención. Por lo demás, todos sabemos que la legislación actual permite que los homosexuales adopten, siempre que presenten su solicitud en solitario, y no como pareja constituida. Nadie discutirá que lo idóneo para un niño es disponer de un padre y madre de sexos diferenciados; pero entre esa posibilidad ideal y una aciaga condena a la orfandad y el desamparo, prefiero que el niño disponga de dos padres o dos madres. Se trata de un criterio puramente pragmático.
La reforma legal que se nos avecina plantea, sin embargo, algunos dilemas morales y problemas jurídicos irresolubles que delatan la impremeditación con que obra nuestro Gobierno, tan pionero o tarambana. En el orden moral (y utilizo aquí esta palabra en su sentido más etimológico de «relativo a las costumbres»), a nadie se le escapa que la homosexualidad, más allá de sus peculiaridades genéticas, incorpora un componente cultural: aquellas sociedades que, a lo largo de la Historia, se han mostrado más permisivas con su práctica, han sido las que han albergado, a la postre, mayor número de homosexuales. La sexualidad es, por supuesto, un impulso natural y primigenio, pero modelado por el medio cultural. Un niño que se cría entre homosexuales, ¿no está siendo incitado a imitarlos? Promover una reforma legal sin plantearse siquiera esta cuestión ni promover su debate se me antoja insensato. También lo es que el Gobierno no haya reparado en que la inmensa mayoría de niños que se ofrecen en adopción en España proceden de países cuyas legislaciones no admiten que los llamados «matrimonios homosexuales» los adopten. Mucho me temo que esta reforma que el Gobierno se ha sacado de la manga para dárselas de moderno acabe, en su imprevisión, perjudicando a quienes pretendía beneficiar. Quizá las parejas homosexuales, cuando descubran que no pueden adoptar niños porque las legislaciones de sus países de origen no lo permiten, acaben divorciándose por la vía exprés para poder hacerlo. Sería el irónico colofón de una reforma promovida por un Gobierno que -como Baltasar Gracián reprochaba a la mujer- «primero ejecuta y después piensa».
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